Imagen relacionada con la vigilancia fronteriza (Foto: Atardecer, 29 de octubre de 2026).
El Observatorio de Políticas Migratorias (OPM) presentó este jueves 29 de octubre su cuarto informe de seguimiento a las 15 medidas migratorias anunciadas por el Gobierno en abril de 2025. El documento evalúa principalmente el período de abril a agosto de 2026, con actualizaciones de septiembre, y reconoce avances en la vigilancia de la frontera con Haití y en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Migración (DGM).
El dato central del informe: entre abril y agosto de 2026, las tres brigadas fronterizas reportaron 60,763 detenciones y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) otras 10,848, para un total de 71,611 detenciones reportadas. El OPM aclara que esos registros corresponden a actuaciones de las instituciones militares y no deben confundirse ni sumarse automáticamente a las deportaciones que realiza después la Dirección General de Migración, porque una persona detenida en un operativo puede ser trasladada a Migración para su procesamiento sin que eso represente un caso adicional.
En despliegue, el Ministerio de Defensa mantiene aproximadamente 11,000 efectivos en la frontera, incluidos los 1,500 soldados adicionales anunciados antes, organizados en ocho zonas de supervisión con 16 oficiales superiores que rotan cada 15 días. El informe recoge mejoras en transporte, abastecimiento, comunicaciones e infraestructura para las tropas, con vehículos, fibra óptica, internet satelital y drones, constatadas en visitas de campo de septiembre. Sobre la verja perimetral, registra 54 kilómetros concluidos; el tramo de 13 kilómetros entre La Sal y Capotillo, en Dajabón, estaba a cerca del 70 % en la inspección de septiembre y su terminación, prevista para mayo de 2026, se reprogramó para diciembre; además inició una nueva etapa de 14.5 kilómetros en Jimaní, provincia Independencia, frente al lago Azuey, con lo que el total proyectado llegaría a unos 81.5 kilómetros.
Lo pendiente, según el OPM: la regulación de los mercados fronterizos, la incorporación de trabajadores dominicanos a la agricultura y la construcción, y la modernización tecnológica de la construcción. El organismo pide investigar las denuncias de corrupción y posibles vulneraciones de derechos en los procedimientos migratorios, mejorar el acceso a la información pública sobre los resultados, actualizar las metas de las medidas ya cumplidas o de ejecución permanente, y dar más recursos al Ministerio Público y al Poder Judicial para investigar y procesar el tráfico ilícito de migrantes, vinculando el presupuesto de las instituciones de control a metas verificables. El informe incluye además un sondeo exploratorio en medios digitales y redes sobre la inmigración haitiana en situación irregular, que no debe interpretarse como una encuesta representativa de toda la población dominicana.
La pregunta que deja el informe es la que el propio Observatorio plantea: ¿hasta qué punto el aumento de efectivos, las detenciones y las obras de infraestructura se traducen en resultados sostenibles? La respuesta, por ahora, está a medias: vigilancia más fuerte, sí; pero con mercados fronterizos sin regular, empleo dominicano sin despegar en el campo y la construcción, y denuncias que exigen investigación.
Fuentes: Atardecer, 29 de octubre de 2026; DiarioDigitalRD, 29 de octubre de 2026.